Con un total de $23,970,000 dólares pagados a víctimas/sobrevivientes que fueron abusados cuando eran menores de edad por sacerdotes diocesanos en seis diócesis de California, el Programa de Compensacion Independiente (Independent Compensation Program, ICP, por sus siglas en inglés) para Víctimas de Abuso Sexual por Sacerdotes Diocesanos en California se prepara para concluir, tras haber finalizado el tramite del último reclamo. 

El anuncio fue realizado por el Comité de Supervisión Independiente (Independent Oversight Committee, IOC, por sus siglas en inglés), cuyos miembros incluyen al ex-secretario de Defensa Leon Panetta, el exgobernador Gray Davis y la líder empresarial y administradora número 24 de la Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU., Maria Contreras-Sweet.

La Diócesis de San Bernardino fue partícipe en el Programa de Compensación Independiente, pagando 15 demandas por un total de $2.2 millones de dólares. La mitad de esa cantidad fue cubierta a través del seguro diocesano. El Obispo Alberto Rojas ofreció una breve declaración con motivo del anuncio en todo el estado.

“Estamos complacidos y agradecidos de haber completado nuestra participación en este programa para brindar sanación y reconciliación a las víctimas / sobrevivientes de abuso que se inició bajo el liderazgo del Obispo Barnes en 2018,” él dijo. “Ha sido una forma efectiva de llegar a las víctimas de abuso sexual por parte del clero en nuestra diócesis y seguimos comprometidos al diálogo y la transparencia con las víctimas de abuso en el futuro.

“Sigamos orando y cuidándonos unos a otros como hijos amados de Dios”.

El ICP se lanzó en septiembre de 2019 para brindar a cualquier víctima/sobreviviente de abuso sexual infantil por parte de un sacerdote diocesano de cualquiera de las seis diócesis participantes la oportunidad de buscar una resolución sin confrontación, independientemente de cuándo ocurrió el abuso. Las seis diócesis participantes fueron Fresno, Orange, Sacramento, San Bernardino, San Diego y la Arquidiócesis de Los Ángeles. Juntas, las diócesis participantes comprenden más de 10 millones de católicos, o alrededor del 80 por ciento de la población católica de California.

El programa fue dirigido por dos mediadores reconocidos a nivel nacional y administradores de programas de compensación privados, Kenneth R. Feinberg y Camille S. Biros. Se otorgó a los Administradores del ICP un criterio absoluto e independiente para determinar la elegibilidad de cada víctima/sobreviviente y la oferta de acuerdo. Si bien las diócesis participantes cooperaron con los Administradores del ICP, ni las diócesis participantes ni el IOC tenían autoridad para anular las determinaciones de los Administradores. La participación en el ICP fue confidencial y voluntaria, y no se requirió que los participantes tuvieran un abogado. Sin embargo, a los que no tenían un abogado se les proporcionó uno sin cargo alguno para asegurarse de que todos entendieran antes de aceptar los términos del acuerdo.

“Ningún acuerdo por sí mismo corregirá jamás el dolor o la injusticia del abuso sexual infantil. Las víctimas merecen rendición de cuentas, por lo que firmé una ley en 2003 reabriendo el estatuto civil de prescripción para el abuso sexual infantil”, dijo el ex gobernador de California Gray Davis. “La reapertura del estatuto de prescripciones resultó en más de $1.2 mil millones de dólares en pagos a las víctimas. En 2020 el Estado reabrió nuevamente y extendió el plazo de prescripción civil. A pesar del cambio en la ley estatal, 197 víctimas/sobrevivientes optaron por el ICP en lugar del litigio civil”.

El programa logró su propósito debido a su velocidad de resolución, confidencialidad y transparencia del proceso. Del total de 929 personas que se registraron recientemente como víctimas en el sitio web del ICP www.CaliforniaDiocesesICP.com, se determinaron un total de 580 reclamos y todas las diócesis pagaron un total de $23,970,000 en indemnización a 197 personas.

“Me complace que el ICP estuvo comprometido con un proceso que trató a todas las víctimas/sobrevivientes, independientemente de su ciudadanía o estado migratorio, con dignidad y compasión”, dijo la ex-administradora de la Administración de Pequeños Negocios de los Estados Unidos, Maria Contreras-Sweet. “Fue particularmente importante que el proceso del ICP ofreciera a las víctimas/sobrevivientes cierto sentido de justicia y validación por el trauma inexcusable que sufrieron”.